Avanzó el Senado con la seguridad vial

El proyecto aprobado prevé la creación de una licencia única de conducir en el país y prohíbe la venta de alcohol en rutas.


El Senado dio ayer el primer paso en la lucha contra uno de los principales flagelos que azotan al país: los accidentes de tránsito, al aprobar el proyecto de ley que pondrá en marcha un nuevo plan de seguridad vial a nivel nacional y que, entre sus principales medidas, establece una licencia única de conducir, el sistema de puntos o scoring y prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en todos los establecimientos ubicados sobre rutas nacionales.

La iniciativa deberá ser discutida ahora por la Cámara de Diputados, pero volverá en segunda revisión al Senado, por lo que su sanción definitiva se demoraría hasta la segunda quincena de marzo. Esto es así porque el oficialismo finalmente terminó por aceptar ayer que en uno de los artículos el proyecto creara un impuesto, una temática que la Constitución Nacional taxativamente le impide discutir como cámara iniciadora al Senado.

Por esta razón, la tasa del 1% que se aplicará sobre los seguros de responsabilidad civil para automotores, con el objetivo de financiar el nuevo sistema, que fue eliminada de la iniciativa, será incluida cuando el proyecto se discuta en la Cámara baja. Pilares El proyecto aprobado ayer lleva a la práctica el compromiso de unificar políticas de seguridad vial firmado el 11 de septiembre último entre el gobierno de Néstor Kirchner, 19 provincias y la Capital, y que la Cámara de Diputados tiene previsto sancionar hoy. Según destacó el senador Fabián Ríos (PJ-Corrientes), titular de la Comisión de Infraestructura y Transporte y miembro informante oficialista, con este proyecto el Poder Ejecutivo nacional y los estados provinciales asumen la respuesta a la inseguridad vial "como una política de Estado", terminando con la superposición de jurisdicciones que existe en la actualidad.

En ese sentido, citó como pilares fundamentales la creación de una licencia única de conducir, la cual seguirá siendo emitida por los municipios pero previa consulta y aprobación del Registro Nacional de Estadísticas de Seguridad Vial, organismo que tendrá la misión de recabar toda información relacionada con siniestros o infracciones cometidos por cada conductor.

El tercer pilar, destacó Ríos, será la aplicación de un sistema unificado de infracciones de tránsito, que permitirá evitar la evasión en el pago de infracciones. El órgano principal de aplicación de la futura ley será la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que tendrá como misión principal coordinar y unificar políticas y estrategias para alcanzar un tránsito ordenado en todo el país. Según estimaciones del secretario de Interior de la cartera política, Marcio Barbosa, el funcionamiento del sistema demandará "no menos de 100 millones de pesos al año", que se financiarán con fondos públicos y provinciales. Sin embargo, la principal fuente de recursos será un impuesto del 1% que se aplicará sobre los seguros contra terceros de los automotores y que será introducido en el debate en Diputados. Por esta tasa se recaudarían entre 60 y 70 millones de pesos. El impuesto desapareció del proyecto aprobado ayer en el Senado por orden expresa de Cristina Kirchner. "Nos dijo que quería una ley de aplicación indubitable", explicó Ríos, ya que 24 horas antes el oficialismo insistía en aprobar la iniciativa con el impuesto a pesar de las advertencias sobre la posible inconstitucionalidad que podría recaer sobre la norma. A pesar del amplio acuerdo en la iniciativa, desde la oposición se dejaron oír varias críticas. Así, el cordobés Carlos Rossi (Partido Nuevo) señaló que el plan de seguridad vial debería ir acompañado de la correspondiente inversión en obras públicas. Y el radical Gerardo Morales (Jujuy) manifestó sus dudas sobre "la aplicación inmediata" de la futura ley, ya que "antes debería haber un cambio cultural" en la sociedad. En ese sentido, recordó que en España el sistema tardó en aplicarse, con capacitación específica en escuelas primarias y de conductores que esta ley no contempla, más de un año.